Claudia Allende/Loreto Cox, Puntos de Referencia N° 405, julio 2015, Centro de Estudios Públicos

Si bien no estamos de acuerdo con la gratuidad universal en educación superior, el objetivo de este documento es discutir y hacer una propuesta sobre el mecanismo a través del cual el Estado podría financiar a los estudiantes que reciban este beneficio. Éste ofrece una gran oportunidad para motivar a las instituciones a mejorar nuestro sistema de educación superior (que es caro, con carreras muy largas, alta deserción y a menudo desconectado del mundo laboral). Este mecanismo debiera ser público, claro y objetivo, y además, debe ir de la mano de un buen sistema de acreditación. Planteamos que el aporte fiscal debería ser por estudiante y variar por carrera y por institución. También creemos que el aporte debe ser mayor para los jóvenes de menor nivel socioeconómico. El Gobierno está considerando un modelo de costos para definir el aporte. Estos modelos se usan para definir precios en monopolios naturales donde los productos son homogéneos y de calidad objetiva; y aun ahí es difícil estimarlos. Cuesta imaginar este proceso en un sistema terciario heterogéneo, como el nuestro, que cuenta con más de 13.000 programas. Es imposible hacerlo bien.

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